El ministro Aníbal Fernández, que denostó a Tabaré Vázquez, fue prófugo de la justicia

El ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, salió por primera vez a la arena pública a opinar sobre el diferendo por las plantas de celulosa y lo hizo, si se usa la jerga futbolística, con la plancha en alto. Dudó expresamente de las condiciones de liderazgo del presidente Tabaré Vázquez en su relacionamiento con las empresas y propuso irónicamente que para solucionar el conflicto se deben reunir el presidente Néstor Kirchner y el presidente de Botnia. Sus expresiones, lejos de ser las de un gobernante preocupado por la espiral de enfrentamiento entre los dos países no hicieron más que echar nafta a la hoguera.
Es cierto, Uruguay, Tabaré Vázquez, no tienen potestades para paralizar las obras de la empresa Botnia ni de ninguna otra y expresamente nunca se le pidió que lo hiciera. Hacerlo significaría violar la ley y de eso Fernández sabe mucho, puesto que en Argentina se ha violado la ley repetidamente. Sólo basta preguntarle a los tenedores de bonos japoneses e italianos o a los miles de argentinos damnificados por el famoso “corralito”.
Uruguay, bajo cualquier gobierno, se puede jactar en el mundo entero, y eso a esta altura no es noticia, de cumplir siempre con sus compromisos.
Pero más allá del contenido de las palabras de Fernández las formas revelan, y sólo basta citar a una líder política argentina, Elisa Carrió, una supina ignorancia y grosería que está lejos de ser el mejor mérito que puede exhibir un ministro del Interior.
El currículum de Aníbal Fernández no da como para que pueda pavonearse a través de los medios de comunicación cuestionando de esa manera al presidente de todos los uruguayos.
Está claro que Fernández habló en esos términos porque no entiende qué es la ley, porque no la ha cumplido. En el año 1991, en diciembre, asumió como intendente de Quilmes: en aquel momento era un duhaldista convencido, después de haber sido un duhaldista-menemista convencido, tal como hoy es un kirchnerista convencido. Sus primeras palabras fueron de lo más alentadoras. Habló de austeridad y justicia. Cuatro años después abandonó el sillón comunal dejando una estela de deudas, muy poco dinero en caja y un incremento sustancial en los tributos que debían pagar los habitantes de Quilmes.
A poco de culminar su mandato estalló un escándalo que lo involucró directamente a tal punto que al ser citado por un juez se escondió durante 15 días hasta que logró no ser encausado.
En el libro “Tierra de pocos” del periodista argentino Hernán López Echague, hoy viviendo un particular exilio en Nueva Palmira, se cuenta el hecho. “El ministro del Interior es un personaje que en octubre de 1994, cuando estaba a cargo de la Intendencia de Quilmes, fue acusado de haber cometido irregularidades administrativas por el juez Ariel González Elicabe, quien finalmente ordenó su detención. Aníbal Fernández huyó de su despacho oculto en el baúl de un automóvil y se refugió en alguna pocilga duhaldista”.
Hay otro libro del periodista Daniel Otero en la que se revelan cuestionables aspectos de la gestión del hoy verborrágico ministro Fernández.
Cuenta Otero que “en octubre de 1994 la bonaerense allanó 'Estadio Chico'. El local fue en sus días de gloria uno de los escenarios que tuvo el rock nacional en el sur del conurbano. En los noventa cayó en la agonía. Hubo un pase de manos. Y hubo también un cambió de rubro.
En el procedimiento, la ley secuestró medio kilo de cocaína de mediana pureza, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. La mercadería estaba ordenada en pequeñas bolsas plásticas. Tenían una etiqueta que indicaba el destinatario: bares y colegios secundarios de la zona.
Lo incautado -estimaron los investigadores- fue nada más que 'la diaria'. La sustancia y la balanza fueron encontradas entre miles de boletas -de la reforma constitucional de la provincia-, por el Si, sobrantes de la consulta popular que se había realizado el 2 de octubre de ese año. 'Estadio Chico' llevaba tres años como local de la Liga Federal”, el grupo político que llevó a Fernández al sillón de Quilmes.
Sigue Otero: “Una apretada síntesis de los escándalos que estallaron durante la gestión de Fernández daría el siguiente resultado: alquiló por 36 meses las instalaciones de una vieja clínica para destinarlas a los Tribunales a un precio similar al de su compra -$ 792.000-; impulsó y obtuvo el nombramiento como juez del último intendente de Quilmes durante la dictadura militar; contrató los servicios de una empresa que entregaba comida con materia fecal a los empleados del área de salud del municipio. Cuando se descubrió el condimento de las viandas no suspendió el contrato; pagó 720 mil dólares anuales en la telefonía celular del municipio, el doble de lo destinado a Acción Social y la mitad de presupuesto de Salud. Así, cuando un funcionario judicial tocó a su puerta, Fernández pasó a la clandestinidad. Pidió 'garantías' desde su quinta en Florencio Varela, donde pasó el breve exilio interno, 15 días. Y se entregó a la Justicia: 'Vengo para dar la cara', aseguró en su reaparición pública. 'No estoy arrepentido porque lo que llevamos adelante fue una propuesta honesta de trabajo. Puede haber habido algún error administrativo, como sucede en las mejores familias'”.
Las garantías solicitadas tuvieron formato de banca legislativa. Para ello se usó la ingeniería electoral tan de moda en estos países y así llegó a ser senador y a tener fueros: el primer uso que hizo Aníbal de sus fueros como senador electo, fue negarse a declarar ante el juez".
Ahora tiene ambiciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2007, aunque el kirchnerismo ve, en principio, ese lugar para la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que ella quiere mucho más que Buenos Aires: el sillón de la Casa Rosada.
Por ahí se explica esta salida de tono de Fernández o porque lo mandó el jefe, es decir el presidente, o porque quiere hacer puntos con el jefe.
También puede interpretarse que Argentina ve que con la movida última del gobierno uruguayo, de dar por finalizada la negociación, el camino es la Corte de La Haya y allí no es nada seguro que pueda ser atendida la pretensión argentina y de los medioambientalistas de Entre Ríos de suspender “sine die” la obras. Un repaso de las posiciones que adoptarían los jueces de La Haya, una cuenta que es seguro que ya hicieron en el despacho del presidente argentino, da como resultado que en el mejor de los casos, de los 15 magistrados, sólo tres apoyarían a Argentina y habría entre dos y tres abstenciones. El resto, sin duda, apoyaría la posición uruguaya.