Tienen personalidades muy distintas. El argentino es muy extrovertido, de continua exposición mediática y generador de fuertes pasiones cada vez que habla o adopta medidas de gobierno. El otro, de este lado del plata, es mas bien de pocas palabras, algo introvertido, también a su manera es fuente de controversias. Son domingo Cavallo y Alberto Bensión, los ministros de economía de Argentina y Uruguay, autoridades que en tiempos de globalización pesan y mucho en el esquema de poder. Los 30 millones de argentinos y los tres millones de uruguayos les miran, les temen, algunos les odian, otros les desean el éxito que hasta ahora les fue esquivo en la esperanza de que estos dos países puedan cambiar la pisada. Mingo y Alberto. Ambos están hoy en el centro de la mira, cuando hacen un anuncio que transmite serenidad y confianza o cuando, como en los últimos días, se crispan por los problemas y por los disensos y pierden la compostura de hombres de estado. El fogoso mingo y el apocado Alberto tienen la pesada responsabilidad de guiar las frágiles economías y atender a los necesarios equilibrios de las cuentas fiscales y no menos imprescindibles y acuciantes problemas de la gente.
Alberto Bensión es un ministro de perfil bajo, siempre ha tratado de mantenerse lejos de las cámaras y los micrófonos, o dicho de otro modo, no es de los funcionarios o políticos que buscan a los periodistas. Quienes lo conocen desde su niñez y juventud, de su trayectoria profesional o de su más reciente época de directivo de la Asociación de Bancos dicen que siempre fue así: reflexivo, sereno y buen negociador. Por eso su nuevo look de gobernante duro, intransigente y agresivo en su discurso, sorprende.
Acosado por reclamos de distintos sectores empresariales y laborales, acuciado por los indicadores que no mejoran, con el corazón en la boca por el devenir de la economía y la política del vecino país, en los últimos días salió con el mazo y la porra para replicar a quienes tuvieron la osadía de pensar diferente a las fórmulas del equipo económico que él dirige.
No era lo esperado. Hasta entonces Bensión había sido un perfecto intérprete del espíritu tolerante que caracterizó el primer tramo de gobierno de Jorge Batlle. Claro que más de un observador percibió un cambio en la tonalidad del discurso del presidente, en especial a partir de la divulgación por parte del Encuentro Progresista de un plan de medidas de emergencia el pasado 18 de julio. El endurecimiento del discurso del titular de Economía acompañaría, entonces, un cambio más general del Poder Ejecutivo en su relacionamiento con los sectores políticos opositores y con los grupos de presión empresarial y gremial.
Los hechos de las últimas dos semanas apuntan a ese distanciamiento entre gobierno y oposición, entre gobierno y sectores de la producción y el trabajo.
Tiempos de crisis en que parecen alejarse los espacios de entendimiento. En un análisis acerca de la relación entre la política y la economía publicado el jueves 26 en el suplemento Bitácora del diario La República, la cientista política Constanza Moreira desarrolla precisamente esta idea. Dice: "Las circunstancias de crisis nunca fueron el escenario apropiado para generar 'políticas de Estado', ni acuerdos globales, ni concertaciones de ningún tipo, porque las crisis, entre otras cosas, están inefablemente unidas a la incapacidad de los actores de administrar un programa coherente. Las grandes experiencias de concertación entre gobierno, partidos políticos y actores sociales que nos lega la experiencia europea, nos indican que estos acuerdos se procesaron en la abundancia, no en la crisis. Pudieron procesarse cuando había bastante para repartir, no cuando había poco. Las crisis son también crisis por eso, y no se puede buscar la solución allí donde está la causa de los problemas."
Gobierno vs industriales
Veintiun gremiales de industriales hicieron conocer el domingo 22 de julio una declaración de fuerte énfasis crítico hacia el modelo económico que lleva adelante la actual administración y, a la vez, plantearon una serie de medidas para revertir lo que haría posible "abandonar la recesión, la depresión y el desempleo."
Pidieron al gobierno "una reestructura fiscal que permita bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 6 o 7 puntos porcentuales, eliminar el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) y el Imaba." Los industriales estiman que de aplicarse estas medidas se produciría de inmediato una reactivación general de la economía ya que los uruguayos tendrán "más dinero en sus bolsillos, lo que mejorará automáticamente su poder de compra." Pronostican que el mayor consumo operará favorablemente hacia el comercio interno y, consecuentemente, "se recuperarán empleos que se habían perdido y se generarán otros."
La respuesta oficial fue rápida y comprendió a los reclamos de los sectores gremiales del agro. En su comparecencia a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dejó en claro que el gobierno no estaba dispuesto a dejarse llevar por "presiones grupales".
Gobierno vs agropecuarios
Los días previos al 31 de julio en que expiró el plazo concedido a los productores agropecuarios para acogerse al plan de refinanciación de las deudas que ofreció el gobierno, a través del Banco de la República, desató nuevas tensiones entre las entidades gremiales agropecuarias y las autoridades.
Mientras el BROU buscaba flexibilizar las condiciones para acogerse al plan de refinanciación de las deudas que mantienen 19 mil productores, la mitad de los cuales tienen dificultades de pago, trascendió que al viernes 27 de julio ya se habían presentado tres mil deudores. Los dirigentes ruralistas dijeron estar razonablemente satisfechos de las medidas de flexibilización que pensaba adoptar el BROU, una de las cuales podría ser la extensión hasta el 31 de agosto del plazo para acogerse. No obstante dirigentes de seis entidades gremiales que nuclean a los productores agropecuarios (Asociación Rural, Federación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Asociación de Cultivadores de Arroz y Asociación Nacional de Productores de Leche) resolvieron coordinar acciones para acentuar los reclamos que, según ellos, pasan inexorablemente por mejorar la competitividad y rentabilidad del sector. Los representantes de las agremiaciones sostienen que a los problemas que ya tenía el campo uruguayo para acceder a los principales mercados, las últimas medidas del gobierno argentino los profundizan y ponen de manifiesto la falta de competitividad.
Las últimas semanas comenzaron a producirse cortes de rutas convocados por gremiales del sector. En la mayoría de los casos los cortes son parciales, no interrumpiendo el tránsito vehicular, a pesar de que en algunos casos, como en Sarandí Grande que el pasado 22 de julio se cortó durante 30 minutos la ruta 5 sin que se produjeran incidentes.
Gobierno vs EP
Pero donde las rispideces alcanzaron su punto más alto fue a partir del 18 de julio cuando la dirigencia del Encuentro Progresista dio a conocer el Plan de Emergencia para hacer frente a la crisis.
Las medidas propuestas incluyen un impuesto a los débitos bancarios en sustitución del Imaba, baja de tasas de interés para el consumo interno, aumento de las tasas de devolución de impuestos indirectos a las exportaciones, aumento al arancel externo al Mercosur para la importación de productos finales de países fuera de la unión, estímulo al crédito de prefinanciación de las exportaciones, plan de obras públicas, entre otra batería de iniciativas. El Plan de Emergencia venía acompañado de una segunda iniciativa llamada Plan de contingencia ante la emergencia social para atender a los sectores sociales más relegados (desocupados, pobreza infantil e indigentes).
La propuesta estaba acompañada de una serie de medidas orientadas a financiar los citados planes: instauración del Impuesto a la Renta, un porcentaje del 20 % del fondo previsional, combate al gran contrabando de cigarrillos, gravar tabacos y cigarrillos, un moderado uso de las reservas y un controlado endeudamiento externo.
La réplica del gobierno fue fulminante, por la celeridad y por los términos descalificadores en que se realizó. Tanto el presidente Jorge Batlle como el ministro Alberto Bensión fueron categóricos en desmerecer la iniciativa encuentrista el mismo día en que se conocieron públicamente.
El jueves 19 Batlle calificó de "impracticables y peligrosas" las medidas, mientras Bensión dijo que "(las medidas propuestas) no resisten el más mínimo análisis ni desde el punto de vista del plan de gobierno, ni muchas de ellas en el plano estrictamente académico."
El tono despectivo de los comentarios del presidente Batlle y su ministro de Economía determinó una lógica de enfrentamiento cuasi electoral. Parecía recrearse el clima político de los últimos días previos a las elecciones nacionales. El debate ingresó en un campo cargado de adjetivaciones.
El viernes 20 Tabaré Vázquez satirizó los comentarios presidenciales y se preguntó ante un nutrido auditorio de una populosa barriada de Fray Bentos si era "peligroso darle de comer a los niños uruguayos." En la misma jornada el senador de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, proyectado a la función pública al igual que Bensión desde el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Económicas, acusó el golpe de las críticas "académicas" realizada por el ministro. Astori acusó a Bensión de practicar una conducta "irrespetuosa, incompetente e intelectualmente deshonesta."
Más lejos fue aún el asesor económico de Tabaré Vázquez, profesor grado 5 de Facultad de Ciencias Económicas, Ec. Daniel Olesker, quien en carta enviada al semanario Búsqueda pidió la renuncia del ministro fundando su reclamo en que Bensión "no es capaz para conducir la reactivación productiva", reprochándole tener "una gran sensibilidad por el investment grade y poca sensibilidad por la calidad de vida de la gente."
Las preocupaciones del ministro
En otro tono, más distendido y reflexivo, el ministro Alberto Bensión analizó el lunes 23 de julio junto a los parlamentarios integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda los indicadores de la economía uruguaya. Dijo que el déficit del ejercicio 2000 fue de $ 9.231:000.000, aproximadamente el 3,8% del Producto Bruto Interno. Tras advertir lo que es de común conocimiento, el carácter recesivo de las tendencias económicas en la región, aportó una batería de cifras correspondientes al año 2000:
- El PBI se retrajo en un 1,3% .
- El ingreso nacional bruto de la economía se redujo un 3.1%.
- El empleo urbano experimentó una caída del 1,5%.
- La tasa de desempleo pasó del 11,3% en 1999 al 13,6% en el 2000.
- El déficit en el comercio de bienes fue de U$S 916:100.000.
- La balanza de servicios registró un superávit de U$S 467:300.000.
- La inflación anual fue del 5%.
- La recaudación disminuyó un 2,3% en términos reales.
Estos son algunos datos que proporcionó el titular de Economía para luego explicar en materia de perspectivas que tras experimentarse cierta mejoría en los primeros tres meses del corriente año, los acontecimientos regionales y la crisis de la aftosa volvió a situar al país en zona de dificultades.
Reafirmó la "disposición" del gobierno de atender "medidas sectoriales cuando las circunstancias así lo aconsejen", pero, en clara alusión a los reclamos de los industriales del día anterior señaló, "con la misma convicción digo que de ninguna manera estamos dispuestos a volver a formas de protección generalizadas y anacrónicas."
Tanto el gobierno como la oposición, así como los agentes económicos coinciden que los márgenes de maniobra del equipo económico son reducidos y que mucho se depende de las alternativas del nuevo ajuste de Cavallo.
Lo que sí se mantendrá como fuente de discordia es cómo administrar los escasos recursos, sobre qué sectores direccionar la carga tributaria o los estímulos. En este plano sigue el escenario de confrontación incambiado.
martes, agosto 28, 2001
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